PT propone prohibir despidos durante la contingencia sanitaria

En la última sesión ordinaria del Senado, el Partido del Trabajo, mejor conocido con las siglas PT, presentó una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo consiste en prohibir los despidos durante cualquier tipo de emergencia, y no sólo sanitaria.

La coordinadora de dicho grupo parlamentario, la senadora Geovana Bañuelos de la Torre, declaró que la actual pandemia del COVID-19 ha provocado el debilitamiento del sistema económico, con el subsecuente cierre de empresas, el despido de miles de personas, así como violaciones a los derechos laborales.  La iniciativa pretende básicamente poner fin a los despidos masivos, garantizando y promoviendo el derecho al trabajo como lo establece el Artículo 123 de la Constitución de nuestro país, así como diversos acuerdos internacionales.

La senadora explica que las grandes empresas han optado por recortar el ingreso de empleados, en detrimento de la vida de sus familias, para poder registrar resultados financieros aceptables para sus inversionistas.

Turnada ya a las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, la iniciativa propone un marco legal dentro del cual, frente a una contingencia de cualquier tipo y no sólo sanitaria, el patrón se verá impedido para poner fin a una relación laboral mientras dure la misma y los 90 días posteriores a la conclusión de la emergencia.  Además, en caso de que el despido se haya llevado a cabo, el trabajador deberá ser reinstalado en su cargo en un plazo no mayor a 5 días hábiles. De no realizarse la reincorporación, el trabajador tendrá derecho a recibir su salario íntegro durante el periodo en el que le fue negado el trabajo ya que los únicos motivos para finalizar una relación laboral, durante cualquier emergencia, son: la renuncia del trabajador y el mutuo consentimiento de éste y el patrón.  Por consiguiente, se deberá verificar que no se trate de un acto de simulación y que el acuerdo tanto respete como garantice los derechos laborales del trabajador, obligando a la revisión de cualquier acuerdo por parte del Tribunal o el Centro de Conciliación en un plazo no mayor a 90 días naturales.

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