Lo que hay que saber sobre la incapacidad por embarazo

¿Cómo contemplan las leyes de nuestro país un tópico tan trascendental como la maternidad en el ámbito laboral?

Uno de los temas más preocupantes de las mujeres en el ámbito laboral es la situación de sus derechos al momento de vivir un embarazo, que se les garantice el sueldo, no ver comprometida su salud y tener tiempo suficiente para dar a luz en condiciones óptimas, siempre pensando con todo derecho en el bienestar de su familia.

En primer lugar habría que decir que nuestra Constitución aborda este escenario en el Artículo 123, donde estipula que “las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación”.

En cuanto al tiempo de incapacidad, determina que “gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo” y pone énfasis en que la mujer embarazada debe “percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo”.

Por otro lado, también estipula que “en el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos” y “disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles”.

Ante esto, la Ley Federal del Trabajo, agrega en su Artículo 170 que “en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente”.

Además, esta Ley también contempla que “los períodos de descanso” podrán prorrogarse “por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto”.

En cuanto a la discriminación por vivir un embarazo, la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 133, prohíbe a los patrones “exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo”.

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